25 de octubre: la gran oportunidad

gonzalo herreraPor Gonzalo Herrera

Este domingo tendremos la opción de participar en uno de los hitos más relevantes de toda nuestra historia, desde los albores mismos de la república. Con todas las garantías para un pronunciamiento deliberativo, libre y democrático, el pueblo de Chile decidirá, en primera instancia, si aprueba o rechaza una nueva Constitución Política, que por su origen sea expresión de la soberanía popular, y luego, quiénes ejercerán el Poder Constituyente, es decir, las personas que estarán mandatadas para redactar el nuevo texto constitucional. Así surge una diferencia conceptual que daría a la nueva Constitución una irrefutable legitimidad por sobre sus antecesoras, la de 1925, y más aún sobre la que se promulgara en dictadura, la de 1980. Esta vez el proceso quedará legitimado, como nunca antes, con la participación política, en distintos grados, de todo ciudadano consciente del momento histórico que se vive.

 

Anteriormente, lo más cercano a un intento de redactar una Carta Magna con participación popular, fue la autodenominada “Constituyente Chica”, conformada por un grupo de dirigentes políticos, sindicales e intelectuales, que se autoconvocó alentada por la vaga promesa del presidente Alessandri Palma de otorgarle rango de Asamblea Constituyente, hace casi un siglo atrás. Dicha promesa fue olvidada a muy poco andar, terminando una “Comisión Consultiva”, designada con criterio personalista por el presidente, de escribir la que se conoce como Constitución de 1925, ratificada posteriormente en un plebiscito. Como podrá comprenderse, tal comisión, integrada por algo más de un centenar de “destacados”, fue objeto de todo tipo de presiones corporativas.

Sin duda, en otras circunstancias, el evento del próximo 25 de octubre habría sido motivo de un gran entusiasmo ciudadano, con la alegría, en primer lugar, de saber que se estaría ad portas de terminar con un ordenamiento estatutario concebido por individuos —el género masculino es literal—de extrema derecha, con una concepción de soberanía diametralmente alejada de la voluntad o representación del pueblo. Todo lo que se maquinó en los ´70 en medio del secretismo de la dictadura, llevaba a la concentración del poder político, social y económico en las décadas siguientes, creando una poderosa élite protegida por una inapelable noción del derecho de propiedad (Artículo 19, N° 24 inciso 1°), haciendo de esa manera casi imposible, al menos por vías constitucionales, limitar la posesión y el uso de los bienes, para cuya adquisición tampoco hubo regulación alguna. A pocos días del plebiscito, la pandemia y la incapacidad de los sectores progresistas para dejar de lado todo cálculo mezquino asegurando un gran triunfo al Apruebo, han instalado una nube de incertidumbre respecto al resultado.

La estrategia económico-social, implementada en la versión neoliberal más inicua a través de la Constitución que ahora tenemos la oportunidad de reemplazar, engendró el abuso del derecho de propiedad, legalizando el derecho de particulares sobre el agua, el dominio de oscuras concesiones mineras o marítimas, la contaminación ambiental, hechos que fueron causales directos del estallido social de octubre de 2019. Pero aquello no fue lo único. La corrupción de los grandes empresarios y el juego camaleónico de muchos políticos, particularmente de aquellos sectores que emergieron en 1989-1990 como opositores a Pinochet y su modelo económico, terminaron identificando el proceso de “libertad de mercado” con el abuso. Si bien se logró reducir los vergonzosos índices de pobreza heredados de la dictadura, se estableció una realidad de profunda desigualdad política y económica, segregando a un amplio sector de la población de los beneficios de una economía de la que la élite política y económica se vanagloriaba, restringiendo incluso derechos esenciales como la salud, la educación y la vivienda.

El desprestigio de los políticos alcanzó su máximo nivel con la sucesión de escándalos conocidos por la opinión pública entre 2014 y 2018 (Penta, caso SQM, Corpesca y el exministro Longueira, financiamiento ilegal de políticos de todo el espectro, etc.). La distancia al 18 de octubre era cada vez más corta. El estallido fue doloroso como toda experiencia dinamizada por la violencia, pero la realidad parece haberle dado la razón a Marx: “la violencia es la partera de la historia”. Pese a todo intento de dar una interpretación torcida de aquel evento, con millones de chilenos en las calles, decentes y con patriótico anhelo en cambiar la relación del pueblo con el poder, sin aquel estallido de fuerza popular, y sus víctimas, hoy no estaríamos ad portas de votar un plebiscito.

Resulta patético oír a personas que han ostentado el poder por muchos años, que han conocido los entresijos de la toma de decisiones, que han sido testigos directos del enriquecimiento de algunos mediante vergonzosos privilegios, que ocupan o han ocupado altos cargos en el gobierno o el parlamento, que hoy rasgan vestiduras por la violencia desatada sin hacerse cargo de sus causas. Parecieran querer ignorar que la violencia surge como una expresión espontánea de las masas cuando, por largo tiempo, no encuentran recepción a sus demandas por parte de las autoridades. ¿Cuántos de los que hoy repiten máximas condenatorias a la violencia ocultan transgresiones graves a la probidad y la democracia?

La violencia como exteriorización del profundo descontento de la que fuimos testigos el domingo pasado, que la inmensa mayoría del país no comparte, no se logrará contener ni encauzar si no se comprende como un fenómeno sociológico y político, que no se trata de un agente exógeno como el coronavirus, que no responde a directrices políticas convencionales. Los individuos que salen a la calle con el propósito de provocar desmanes, dañar la propiedad pública y privada, o cometer actos de barbarie, como quemar iglesias, museos o recintos universitarios, son de la más amplia diversidad y responden a distintas interpretaciones anarquistas. Hay quienes buscan desacreditarlos catalogándolos de delincuentes o narcotraficantes, los cuales con bastante seguridad están allí, como así también las llamadas “barras bravas”. Pero esas masas están integradas además por jóvenes pobladores o estudiantes que perdieron su confianza en el diálogo democrático por las razones expuestas anteriormente. Es tal vez la misma frustración que se aprecia en sectores de jóvenes mapuche, la rebeldía, el agotamiento y la pérdida de confianza ante un Estado que, sin importar quién esté en el gobierno, siempre responderá con comisiones inoperantes y despoderadas para sentarlos en una mesa, mientras son cercados en los campos por una policía fuertemente militarizada.

Si alguna vez las élites, necesarias en el equilibrio sociocultural del país, dejaran de catalogar a Marx como un agitador o revolucionario, entendería lo que el filósofo alemán quiso expresar referido a violencia y política en un régimen capitalista. Una de sus más acérrimas críticas, la filósofo-política Hannah Arendt, debió admitir en sus últimas obras el “enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos” (en Sobre la violencia, Alianza Editorial, 2018), distinguiendo la violencia represiva de un Estado cerrado a las demandas ciudadanas de aquella  que surge como reacción ante este hecho.

Que quede claro, no se trata de idealizar ni de justificar la violencia, ni siquiera cuando se reviste de “violencia política”. Mucho menos cuando adquiere características de cobardía como es la de destruir, saquear y dejar en la ruina a pequeños comerciantes, quemando comercios que cuando más dan de comer a una o dos familias. Tampoco cuando se ofende el derecho de conciencia o la libertad de religión de simples ciudadanos, probablemente con los mismos problemas de postergación social que los que queman sus lugares de culto. La intolerancia es evidentemente enemiga del propósito de alcanzar una sociedad más justa.

Si queremos un mejor país, donde se encarnen los propósitos de justicia y fraternidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos, donde se valore y se logre institucionalizar en derecho la justicia social, donde recuperemos el diálogo cívico y dejemos de considerarnos enemigos por pensar distinto, es necesario cambiar los supuestos ideológicos de la dictadura. Nunca como en este momento estuvimos tan cerca, no de lograrlo, pero sí de hacerlo posible. El próximo paso, tan estratégico como el presente, será la elección de los constituyentes (esperando que se opte por una convención 100% ciudadana), y para ello, ojalá, exista la sabiduría y amplitud necesaria —en los partidos políticos genuinamente comprometidos con una nueva constitución plenamente democrática y en las organizaciones sociales— para permitir que quienes asuman la representación popular sean expresión real de la sociedad chilena, con toda su pluralidad y todos sus estamentos.

Es importante que todos los que aspiran a cambios reales estén dispuestos a tender puentes, a dejar por un tiempo los cálculos estrechos y a mirar el bien del país, en la comprensión que lo que se juega ahora es el futuro de varias generaciones. Los políticos ya se habrán dado cuenta que no pueden seguir actuando con una mentalidad autárquica, alejados de la realidad y de las demandas de sus votantes; de igual modo, toda democracia requiere del ejercicio de la política, asentado en partidos sólidos y democráticos, que sean capaces de interpretar la pluralidad de los anhelos ciudadanos.

Por lo mismo de lo mucho que está en juego, el abismo está igualmente cercano. Los riesgos son variados, la influencia de los satisfechos y poderosos, de lo que aborrecen cualquier tipo de cambio, las falacias de los que lamentan “el camino largo” de redactar y aprobar una nueva Constitución, “en circunstancias que se podría proceder por la simple modificación de leyes”, sin explicar por qué, desde el estallido hace un año atrás, los sectores conservadores no han sido capaces de levantar ni una sola iniciativa con sello progresista. Igualmente lamentable sería la frustración de que la Convención Constituyente fuera copada por los mismos partidos políticos que la ciudadanía ha repudiado. Si gana la opción de una Constituyente 100% ciudadana, lo más nefasto sería constatar, a corto andar, la trampa de los partidos, que sin duda van en ventaja por sobre las organizaciones sociales en la capacidad de postular a sus militantes, sin dejar espacios para ciudadanos genuinamente representativos, dirigentes sociales y personas independientes.  

Pocas son las oportunidades que nos ha brindado la historia que permitan vislumbrar cambios sociales, políticos y económicos profundos, en pos de una sociedad más igualitaria y justa. Más allá de los errores tácticos y estratégicos de los partidos de la Unidad Popular, la voluntad del presidente Salvador Allende no era otra que abrir nuevas oportunidades sociales y económicas para todos los chilenos, con un fuerte énfasis en la educación y en la erradicación de la subalimentación de niños y adolescentes. Para ello se requería recuperar las riquezas básicas, nacionalizando el cobre, que debía transformarse en el sueldo de Chile. Hoy no estamos en la lógica de la guerra fría. Las tensiones para alcanzar mayor justicia social son mucho menores, se podría avanzar en derrotar las desigualdades y la discriminación si los sectores más ricos del país se allanaran a “ceder parte de sus privilegios”, como dijo espontáneamente la señora Cecilia Morel ante el estallido de octubre de 2019. Y los jóvenes principalmente, que ya hicieron lo suyo, que consiguieron que el poder político se pusiera de acuerdo en un proceso constitucional que meses antes parecía imposible, deberán entender que ganar la calle no es suficiente. Que el paso siguiente es ampliar la organización social, cohesionar la ciudadanía y hacer de ella una voz poderosa, que obligue a los partidos políticos a dialogar con el mundo civil, que nunca más nos enteremos que determinados acuerdos que afectan a millones de personas, fueron alcanzados en una “cocina”.

Gonzalo Herrera G.

Octubre de 2020

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