¿QUÉ OBJETIVOS Y BASES ÉTICAS DEBIERA CONSIDERAR LA ORGANIZACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE?

Ruben Farias chEn un documento de referencia, no oficial y muy fácil de entender, publicada por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN)[1], señala que Convención Constitucional es aquel organismo “Integrado exclusivamente por miembros elegidos popularmente, (…) y cuya convocatoria la informará el Presidente de la República. De este modo, quienes intervengan personalmente en su elaboración, continúa el documento, pueden ser los “ciudadanos que reúnan las condiciones contempladas en el artículo 13 de la Constitución, (…) chilenos, mayores de 18 años; los nacidos en el extranjero que son chilenos por ser hijos de padre o madre chilenos; los nacionalizados por gracia podrán ser candidatos sólo si hubieran estado avecindados en Chile por más de un año”.

 

Considerando las disposiciones indicadas y relacionándolas con los objetivos de cumplimiento de esta misión, éstos se refieren —entre muchos otros que podrían enunciarse— a los siguientes aspectos:

  1. Al logro de una convivencia nacional que permita terminar gradualmente y hasta don más sea posible con las diferencias de grupos sociales
  2. Al fortalecimiento de un creciente nivel del desarrollo del país en el plano de un razonable equilibrio de la diversidad territorial y socio-cultural.
  3. A la defensa del conocimiento cívico de la ciudadanía, entendiendo que toda participación directa e inclusivo en los asuntos públicos requiere saber cumplir en plenitud con los deberes y saber ejercer legítimamente los derechos.
  4. Al impulso de la libertad del conocimiento y del respeto por las diferentes formas de pensar sin más límite que la capacidad de estudio, investigación y comprensión de cada cual
  5. A estimular el sentido del cambio adaptándolo a las particulares circunstancias de la vida nacional y que ésta, a su vez, exprese su grado de compatibilidad de acuerdo a los contextos internacionales y las definiciones de sus tendencias.
  6. A cautelar la aplicación transparente de toda práctica de gestión pública, sectorial e intersectorial, institucional e interinstitucional, como igualmente en las relaciones con el sector privado y las actividades que lo vinculen con el Estado.

 

Ahora bien, en otro documento, oficial de gobierno[2]  éste es más explícito y señala que, “en el caso de que el candidato ejerza un cargo público, como ministro, intendente, gobernador, alcalde, core, concejal, subsecretario, consejero del Banco Central o del Servicio Electoral, funcionario del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del TRICEL, y los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, deberán renunciar a su cargo desde el momento en que su candidatura sea inscrita”.

De la citada recomendación surge, sin embargo, una reflexión que desde el punto de vista de lo ético, se torna un poco más difícil. Se trata, en este caso, de comprender la necesidad de superar los antivalores y las malas prácticas ocurridas en el pasado. Esto no es fácil lograrlo, por cuanto ello revela los cambios que hemos vivido como país y en que la existencia de una mentalidad exageradamente individualista transformó el quehacer cotidiano de toda gestión aplicando procedimientos engorrosos que se constituyeron en un “estilo cultural” que sus responsables han utilizado en el transcurso del tiempo para no hacer bien las cosas con el propósito de no hacer el Bien. Las consecuencias ya son conocidas. Sus protagonistas, muchos de ellos ya identificados, difícilmente aceptan reconocer su participación en los hechos. Entre tanto, mientras los afectados resienten en la más absoluta impotencia las repercusiones de lo sucedido desde hace ya varias décadas y que les ha perjudicado frente a las injusticias que todo esto provoca, la situación continúa.

Pese a todo, lo ético debe ser el fundamento básico no sólo demostrable en la elaboración del texto sino también, y de manera especial, respecto de la precaución que debe ofrecer como garante de un lineamiento jurídico racional y transparentemente bien aplicado en la nueva organización republicana que se desea y se espera constituir a partir de su promulgación.

Surge, sin embargo, una pregunta: ¿podrá posibilitarse dicha aspiración si el “estilo cultural” señalado perdura? Debe recordarse que estos problemas no terminan con la aplicación de una determinada disposición, sino con cambios radicales que deben iniciarse en al ámbito de la educación, con las jóvenes generaciones y considerando las nuevas circunstancias que ellas deberán enfrentar. Por consiguiente, el cambio demora pero mientras tanto, algo debe hacerse

Por de pronto, recordar que la Convención Constituyente, desde el punto de vista de su organización, debe entendérsela como un organismo imparcial respecto de la responsabilidad que sus integrantes tengan, por lo que en sus participaciones se obligan a demostrar que sus intereses ideológicos y/o personales no debiera ensombrecer la mencionada misión para la que fueron elegidos.

Lo anterior no significa que “los políticos” sean marginados de este acto sino, simplemente, que se abstengan de intervenir en representación de sus respectivas y respetables visiones de mundo, evitando de esta forma, “que se promuevan normas para defender o perpetuar sus propios intereses (políticos)[3] y permitir que, para una circunstancia de tal trascendencia, sean los representantes directos de la ciudadanía quienes se pronuncien respecto de su propia realidad y necesidades. Es obvio, que para esta misión existen especialistas que pueden aportar interesantes interpretaciones y soluciones a los problemas que significa definir los contenidos constitucionales desde una perspectiva plural y anticipatoria del devenir.

Por otra parte, pensar en la clase política compuesta por dirigentes de partidos, parlamentarios, altos ejecutivos de gobierno, etc. como un nivel “profesional” en materias que sólo ellos dominan, es un error; primero porque tales responsabilidades son de carácter transitorias y segundo, porque lo político es la expresión de un tipo de comportamiento que, partiendo de lo individual —es la persona que actúa— trasciende a un acto social que es la propia realidad de la convivencia humana: “Es vida y modo de vivir, de crear estructuras, de perfeccionar la convivencia dentro de la comunidad humana. De ahí que el hombre sea, en su propia realidad, un ser político”[4].

No obstante lo explicado, existen otros aspectos que también deben considerarse al momento de seleccionar a quienes sean elegidos como integrantes de este organismo. En

este sentido y para evitar dudas de la legitimidad de la decisión adoptada por el interesado, es recomendable atender responsablemente a situaciones no deseables que puedan ocurrir y que, por diversas razones, interpreten inadecuadamente el significado histórico de una Convención Constituyente.

En atención a lo anterior, es importante comprender que quien renuncie al cargo que ejercía (ver notas anteriores) con el objeto de postular a ser miembro constituyente y a pesar de su legalidad, dicha decisión debe responder a lo que en conciencia necesariamente significa este compromiso. Si así no fuera, lo más probable es que se demuestren los intereses ya conocidos, difícilmente de prescindir de ellos y que, por cierto, no garantizan la objetividad necesaria y requerida para desempeñarse en estas funciones.

Una situación bastante parecida es lo que puede ocurrir con quienes, por diferentes razones, ya hayan sido cuestionados legalmente y/o se encuentren acusados por las responsabilidades de las anomalías detectadas en el desempeño de los compromisos que cumplían. Tanto quienes renuncian como quienes han sido —o en la actualidad son— protagonistas de conductas incompatibles con toda norma ética, debieran ser inhabilitados para estos fines pues, de lo contrario, se mantendrían deshonestidades que, obviamente, desvirtúan el propósito de una actividad de esta naturaleza.

Algo parecido ocurre con el nepotismo, situación éticamente adversa al objetivo que pretende la Convención y cuya práctica no debe admitirse en razón del vicio que conlleva. Las razones que se den para justificar lo contrario, siempre serán las mismas: la importancia de la libertad personal para postular al compromiso que la persona desee voluntariamente aceptar, argumento válido pero que deja de serlo cuando se sabe la intencionalidad que causa dicha postulación: intereses personales, familiares, ideológicos y de conveniencia grupales no siempre compatibles con el Bien social.

Pese a todo, es indudable que toda persona siempre actúa motivada por circunstancias propias de la visión de mundo que posee, pero no es lo mismo incorporarse a discutir sobre materias cuyas aprobaciones afectarán a la comunidad en su totalidad, que hacerlo respondiendo a determinados intereses individuales o grupales que permitan obtener réditos por la posición de privilegio que se ha tenido. Esto no es justo, no es democrático ni es ético

Si existe en el hombre una naturaleza egoísta, limemos esta aspereza en virtud de un sentido colaboracionista e interdependiente y reconozcamos la posibilidad de perfectibilidad si aportamos para el futuro de las nuevas generaciones, valores de comprensión y tolerancia más que de intransigencia que, bien sabemos, pueden llegar a ser muy perversos.

 

[1]     https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/proceso-constituyente. Última actualización: 09704/2020

[2]     https://www.gob.cl/procesoconstituyente/

[3]     MECANISMOS DE CAMBIO CONSTITUCIONAL EN EL MUNDO. Análisis desde la experiencia comprada. Programa de UN para el Desarrollo, (PNUD), p. 42. http://www.onu.cl/es/wp-content/uploads/2016/06/undp_cl_gobernabilidad_

INFORME_Mecanismos_cambio_constitucional.pdf

[4]     http://www.enciclopedia-juridica.com/

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