Inversión religiosa por el Estado

A inicios de octubre pasado se tuvo conocimiento del convenio establecido entre la Primera Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y el Ministerio de Obras Públicas, para reparar el interior de la Catedral Evangélica ubicada en Alameda Bernardo O´Higgins, entre las calles Jotabeche y Obispo Uñana, en Santiago, edificación que tiene 50 años y fue declarado Monumento Histórico Nacional a fines de 2013.

La inversión alcanza casi los $5 mil millones y es financiada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Gobierno Regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), e implica la ampliación de la superficie actual de la zona de culto, agregando 737 metros cuadrados a los ya construidos, lo que permitiría aumentar la capacidad a 1.020 personas más, permitiendo que la nave central quede libre de cualquier obstáculo estructural y visual que perjudique el desarrollo de las ceremonias religiosas, según indicaron las autoridades presentes en la firma del convenio: los Ministros Undurraga (Obras Públicas) y Marcos Barraza (Desarrollo Social) y el Intendente de Santiago, Claudio Orrego.

Según el periódico digital “El Mostrador” cabe “consignar que la inversión - cercana a los $5 mil millones - representa el doble de lo que el gobierno inyectará de forma inmediata al Servicio Nacional de Menores (Sename) como parte de un plan de acción, luego que se dieran a conocer las cifras de menores fallecidos en la organismos dependientes de la institución en los últimos once años”.

La Radio Villa Francia, señaló al respecto que “los arreglos y aporte directo del Estado a la Catedral Evangélica se suman a los obtenidos por la Catedral Católica Metropolitana de Santiago, en su restauración durante el 2014 – 2015, que tuvo un costo total de 3.000 millones de pesos desembolsados por el Estado de Chile y que han generado un amplio debate por la característica de Estado Laico que se supone existe. Esto además por la constante fricción en el debate público con el propio Estado por la llamada “agenda valórica” o de “salud pública” durante los distintos gobiernos en donde se han mantenido duras polémicas con las iglesias. Además, señalan los críticos a estos aportes, que dichas Iglesias mantienen grandes aportes y financiamientos constante de manera autónoma y muchas veces desregulada”.

Desde un punto de vista general, tales aportes son un evidente subsidio a las religiones entregadas por el Estado, dado que, desde el punto de vista del patrimonio y su conservación, esto nada tiene que ver con la ampliación de las capacidades de servicios religiosos.