La educación de Salta en la Suprema argentina

La ley de educación de la Provinica de Salta (Argentina) obliga a padres y alumnos a revelar sus creencias religiosas, o la falta de ella, a las autoridades educativas, señaló el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea, según información aparecida en el medio Pagina12.com.ar. Además, añadió el rector, “exige el aval de las autoridades religiosas” para los docentes a cargo de la materia, “lo cual no sería necesario si fuera una asignatura no confesional”.

Thea advirtió que no existen programas que detallen en qué consiste la materia: “el diseño curricular, los contenidos de esa educación religiosa no figuran, mientras que para el resto de las asignaturas el documento curricular prescribe contenidos, secuencias a lo largo de años de escolaridad y también fija criterios de educación”.

 En cambio, subrayó el rector, las definiciones de la currículas de educación religiosa brillan por su ausencia, por lo que es “un espacio curricular fantasma”. “No se trata de una materia, sino claramente de una práctica religiosa inserta en la escuela pública. Y esa práctica resulta contraria a la libertad de conciencia y religión”.

La información de Pagina12.com.ar también recoge la opinión del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina, Fernando Lozada, que forma parte de la Coalición Argentina por el Estado Laico. Lozada se basó en la defensa del derecho a la identidad, y señaló que los ateos, más allá de su edad, “vemos nuestros derechos vulnerados cuando se nos impone la participación forzada en un culto o práctica religiosa”. “La inclusión de educación religiosa en la escuela pública –señaló Lozada - atenta directamente contra quienes construimos una identidad alejada de dogmas religiosos o contra quienes eligen que sus hijos, hijas o tutelados desarrollen su personalidad fuera del ámbito confesional”.

“La pregunta es de qué manera se puede llegar a la coherencia como virtud del ordenamiento jurídico si se pretende impartir religión y dividir a los alumnos en aulas como características de igualdad y no discriminación”, se había preguntado en la primera exposición una de los dos oradores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Mariana Catanzaro. “La ley nacional de Educación, en 145 artículos, menciona nueve veces el respeto por los indígenas, catorce veces la no discriminación y la igualdad, catorce a las minorías, nueve veces el término inclusión, diez veces el de diversidad, diez veces, democracia, 30 veces respeto”, recordó.

En una nota anterior Pagina12.com.ar. se indica que la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta encontró apoyos en representantes del integrismo católico más rancio, y se han expresado como objetores los de sectores cristianos no católicos (bautistas y adventistas), de organismos de derechos humanos, entidades laicas y universidades nacionales. Hace dos días, uno tras otro, a razón de diez minutos cada uno, diecisiete oradores expusieron en continuado ante la Corte Suprema sus razones para declarar inconstitucional o avalar la ley que establece la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Hubo argumentos legales; mención de jurisprudencia, de experiencias de países de la región y de otros continentes; motivos personales, confesionales, laicos y ateos; también observaciones de cómo funciona, en la práctica, la ley por la cual chicas y chicos de la primaria pública salteña tienen a la religión como una materia más.

En contra de la ley, expusieron el representante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Héctor Manoff; la senadora provincial salteña Gabriela Cerrano y el diputado provincial Pablo Sebastián López, ambos del Partido Obrero; el representante de la Universidad Adventista del Plata, de Entre Ríos, Juan Martín Vives. También brindaron sus argumentos en el mismo sentido los abogados Andrés Gil Domínguez y Federico Paruolo (este segundo en nombre del Frente de Abogadxs Populares); el presidente de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, Angel Jorge Clavero; el representante de la Fundación Centro Cristiano Nueva Vida, Alevis Kalczynski; el de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, Néstor Miguez; la representante de la Universidad Nacional del Centro, Laura María Giosa; y el docente porteño Martín J. Becerra. Los argumentos discurrieron entre el sustento legal (o todo lo contrario), los efectos en la práctica de la ley y la historia de la discriminación cotidiana en las instituciones que padecieron y padecen religiones no mayoritarias y aun los ateos