A tres días de las elecciones en Costa Rica

IMG 20180202 WA0056Redacción Iniciativa Laicista

El "shock religioso" que puso a Fabricio Alvarado, predicador de una iglesia evangélica, como favorito para las elecciones presidenciales de Costa Rica

Alberto Nájar - BBC Mundo – 1 de febrero 2018

 

Costa Rica está a tres días de elegir a su nuevo presidente, y la campaña, hasta ahora, era parecida a cualquier campaña presidencial de cualquier país democrático. Nadie imaginaba lo que iba a suceder cuando, el 9 de enero pasado,la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció a favor de la legalización del matrimonio homosexual en doce naciones latinoamericanas, entre las cuales estaba Costa Rica. De hecho, la polémica que resultó produjo un cataclismo en el escenario electoral y puso al candidato del conservador Partido Restauración Nacional (PRN), Fabricio Alvarado, predicador de una iglesia evangélica, en primer lugar de popularidad entre los votantes. Opositor violento al matrimonio igualitario, a los programas de educación sexual para adolescentes y al aborto, Alvarado anunció ayer el equipo que formará su eventual gabinete, entre los cuales hay varios activistas “próvida”.

En su artículo, publicado hoy en BBC Mundo, Alberto Nájar recuerda que los debates empezaron el año pasado cuando el Ministerio de Educación Pública decidió implementar a partir del 2018, en primaria y secundaria, un programa llamado "Educación para la afectividad y sexualidad integral", que iba a abordar, entre otros temas, el placer, los derechos de grupos LGBT y las relaciones libres de violencia. El plan de estudios fue rechazado por las iglesias católica y evangélica, acusándolo de promover relaciones entre personas del mismo sexo. Fabricio Alvarado, promotor de esa oposición brutal, era en aquel momento uno más en los debates.

Nájar indica que las discusiones se reactivaron cuando la CIDH declaró, unas semanas atrás, que se debía garantizar todos los derechos de las leyes costarricenses a las parejas homosexuales, y pidió, además, que las uniones homosexuales fueran legalmente matrimonios, definiendo cualquier otra denominación como discriminatoria. Además, opinó que los documentos oficiales “debían reconocer de manera fácil la identidad de todas las personas, incluso quienes son transgéneros y desean cambiar su nombre”.

Según la Constitución de Costa Rica, las resoluciones de la CIDH, sin excepción, son “de acatamiento obligatorio” en el país. A unas semanas de las elecciones presidenciales, el impacto fue impresionante, y la controversia política propulsó a Alvarado entre los favoritos, haciendo pronosticar una segunda vuelta que, hasta ahora, era poco probable.

En Costa Rica, como en los otros países latinoamericanos, la popularidad de las iglesias evangélicas ha ido aumentando estos últimos años, aunque el catolicismo sigue siendo mayoritario. Subraya Nájar al respecto que en Costa Rica “la Iglesia católica y algunas cristianas reciben un subsidio anual del gobierno”, y recuerda que el actual presidente, Guillermo Solís, declaró en su campaña electoral que quería un Estado "secular pero no uno sin Dios".

Estos elementos explican la reacción de parte de la población al dictamen de la CIDH, y su impacto sobre la campaña electoral. Alvarado no vacila en declarar repetidamente que lo que defienden es “el matrimonio entre hombre y mujer", y publica en su cuenta de Twitter – elemento popular entre los presidentes o presidenciables: "Nos oponemos al Estado laico, porque quienes lo promueven en realidad buscan un Estado ateo".

Nájar concluye que, aunque “los especialistas” sigan afirmando que los resultados de las elecciones en Costa Rica quedan en el aire, “la sorpresiva popularidad” de Alvarado vino a perturbar el escenario global y asegurar una segunda vuelta.

Mientras tanto, más que esta nueva perspectiva electoral, es preocupante observar el lugar que llegó a ocupar un tema religioso en la campaña, a punto de poner en segundo plano la educación o el desempleo y de evidenciar la división de la sociedad costarricense por la opinión de la CIDH.