Las certeras balas de la discriminación

Rodrigo Reyes Sangermani

Por Rodrigo Reyes Sangermani

Es incomprensible que frente a la crisis de Carabineros generada por su desempeño en la Araucanía y consumada con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, no haya de parte del gobierno, una acción concreta y visible en la que asuma su responsabilidad política. Es evidente que Carabineros, al menos constitucionalmente no sé si tanto en la práctica, es una institución del estado dependiente del poder político, es decir, actúa en función de las atribuciones jurídicas que le da la constitución, y en conformidad de las directrices políticas que le da un gobierno. Su actuar no sólo obedece a las instrucciones precisas y circunstanciales dadas en determinada materia de seguridad, prevención o persecución del delito, sino también a la lógica del discurso del gobernante de turno, ya sea del propio presidente o de los ministros relacionadas.

Es así como un gobierno genera realidad, suma expectativas, y las encuestas reflejan, a veces antes incluso que el propio gobierno asuma, las tendencias y preferencias de los electores y la población en determinadas materias. Cuando por ejemplo, se plantea en un programa de gobierno o en una alocución pública, que se tendrá mano dura con la delincuencia, esta constituirá una señal clara de una voluntad de actuar, de una forma de asumir el rol de la policía uniformada a la hora o de disponer los recursos presupuestarios para satisfacer la consecuencia de ese relato. Luego, más  tarde por cierto, vendrán las órdenes, los instructivos, las decisiones que den garantía al cumplimiento de ese discurso, evidentementeperformativo. En pocas palabras, la gestión de una institución dependiente del gobierno no sólo actúa por instrucciones precisas de un plan o una estrategia, sino también, por el relato político construido desde la autoridad. Si analizamos el hecho ya no desde el punto de vista criminológico o policial sino desde sus axiológico ¿cómo se puede explicar el crimen del comunero, que dicho sea de paso, ha significado la más profunda crisis de Carabineros?

Una forma de entenderlo es que ese 14 de noviembre los carabineros de la patrulla habrían actuado en forma absolutamente autónoma; habrían realizado el procedimiento policial al margen de toda instrucción policial, desobedeciendo órdenes o protocolos y que, por lo tanto, se trataría de acciones cuyos únicos responsables serían específicamente los individuos que dispararon, o incluso sólo aquel que gatilló la munición que dio muerte al joven nacido en Victoria. ¿Hay en este actuar noción de un delito? Si la hubiere, se explicaría entonces la desaparición de pruebas, las declaraciones confusas, las interferencias telefónicas que constituirían ante la presión pública, la resultante de la improvisación y del nerviosismo, ya que no habría  ninguna puesta en escena planificada por un superior ni nada que se le parezca.

Otra forma de entender el hecho es que el crimen sería parte de una acción premeditada institucional, explícita o no, que buscaría amedrentar a los activistas mapuches instalados en la zona, ello obedecería al relato en donde los conceptos de “terrorismo”, “estado de derecho”, “mapuches extremistas”, “comando jungla”, “conflicto de la Araucanía” ha permeado la institución, y que los rostros de esos compatriotas de facciones amerindias, sean la caricatura eficaz para un sector del país, que ve en ellos a los enemigos del orden portaliano, de la patria unitaria, quizás si hasta de la cultura occidental como pareciera ser la excusa clasista y racista de buena parte de nuestra población, que mira de reojo a los haitianos y celebra la expulsión de los inmigrantes.

Cualquiera sea el caso, se podrán encontrar responsabilidades penales tanto de quien disparó el arma y dio muerte al joven, como las del mando del suboficial a cargo de la patrulla o de los oficiales superiores de la provincia y la región, pero sobre todo del Gobierno, por lo que resulta incomprensible constatar que en vez de asumir su responsabilidad, victimice al Ministro del Interior de las “pequeñeces” de la oposición, cuando en realidad lo que corresponde es que éste asuma su rol político como señal de un Gobierno que debe responder ante la ciudadanía por las causas y efectos de este crimen.

La muerte de Catrillanca no es un crimen cualquiera, como en el caso de la tragedia de Antuco en el que murieron 45 soldados; esa marcha mortal no sólo obedeció a una desgraciada instrucción de un suboficial a cargo, sino a un lógica institucional de supuesta valentía y virilidad, de una irreflexión y sumisión prepotente propia de la cultura militar, y que el poder civil no ha podido o querido modificar. En el caso del comunero, el disparo mortal que recibió el joven mapuche, no es sino el resultado de un relato político cuyo responsable, sea el ministro o la clase política toda, estructura su legitimidad emplazando a sus oponentes políticos a diestra y siniestra, inconsciente de su propio rol como generadora de espacios participativos y responsable de la seguridad de todos y de cada uno de sus ciudadanos, la que por acción u omisión, desidia o incapacidad, hoy y ayer, ha generado la muerte de personas inocentes producto de la rabia, del racismo y del odio fratricida de una clase dominante con las certeras balas de la discriminación.

Buena caza