Sin la ciudadanía, Chile no saldrá de la crisis

fernandezPor Patricio Fernández

De los países del mundo con una población superior a cinco millones, Chile es hoy el que tiene más contagios diarios de coronavirus por millón de habitantes. Si hace dos meses el gobierno de Sebastián Piñera creía tener prácticamente controlada la pandemia al conquistar una meseta de 500 contagios por día, actualmente se contabilizan más de 4000 y nuestro sistema de salud se acerca al colapso. Sus ansias por lucir un éxito personal que le devolviera algo del prestigio perdido durante el estallido social, le jugó al país una mala pasada.

 

Desde el momento en que la pandemia dejó los primeros infectados en los barrios ricos para expandirse a los sectores populares —donde hay hacinamiento y peor acceso a los servicios médicos—, el pretendido control de la situación comenzó a desvanecerse.

Apenas el 13 de mayo, tras casi un mes de “cuarentenas inteligentes” o “selectivas”, con la situación desbordada, el gobierno decretó cuarentena total en 32 comunas del Gran Santiago. Dos semanas más tarde, el hoy destituido ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconocía: “Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes”.

Ya cumplimos un mes de cuarentena ininterrumpida, y los contagios, en lugar de disminuir, crecen. El apoyo económico ha tardado en llegar a los hogares más pobres y muchos se ven obligados a salir para buscar el sustento.

“Las evaluaciones iniciales sugieren que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta, una vez más, de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres”, se lee en Bloomberg. Solo una minoría consigue teletrabajar desde sus casas, las compras de alimentos por internet son un privilegio de aquellos que tenemos tarjeta de crédito y, como si fuera poco, en estos meses de peste, el ingreso de los que tienen menos ha caído 72 por ciento y el de aquellos que más tienen, 32.

El 15 de junio el gobierno prolongó el estado de excepción por otros noventa días y está decidido a volver la cuarentena efectiva con controles policiales y militares. El Senado aprobó recién penas de hasta 3 años de presidio para quienes incumplan las prohibiciones, aunque la verdad es que los permisos disponibles para salir (acotados a dos por semana desde hace unos días) eran tantos, que apenas un 0,5 por ciento de los controlados fueron sorprendidos en falta. Tal como sucedió durante las movilizaciones sociales, la noción de que el orden se impone por la fuerza y desde arriba se sobrepone a la necesidad de tejer un acuerdo que nos haga a todos partícipes de la solución.

Si algo sacó a la luz el estallido social que detonó en octubre, fue la inmensa distancia que existía entre buena parte de la población y sus autoridades. Ningún partido ni sector político fue entonces capaz de representar ese descontento. La izquierda hizo suyo el discurso de los manifestantes y radicalizó sus posturas frente al gobierno para ganarse su simpatía, pero no lo consiguió, y algunos de sus dirigentes fueron funados (escrachados) en las calles mientras duraron las revueltas.

Aunque ralentizó notoriamente su crecimiento en los últimos años, Chile quintuplicó su producto interno bruto desde la década de los noventa, cuando volvió la democracia. Sin embargo, mientras poquísimos amasaron fortunas de nivel mundial, muchos salieron de la pobreza para sumarse a una clase media frágil, poseedora de los bienes materiales y tecnológicos extendidos por la modernidad, pero con deudas, sin ahorros y desprovista de seguridades sociales. Hoy, buena parte de ellos corren el riesgo de volver a la situación en la que estaban hace treinta años. Fueron precisamente los miembros de esta clase social, en especial sus hijos, quienes sintiéndose ignorados y temiendo esta caída en tiempos de desaceleración económica, encabezaron el estallido de octubre.

Mientras el país crecía, descuidó los lazos comunitarios que formaban su tejido social. El neoliberalismo imperante promovió el desarrollo económico, el emprendimiento y el éxito personal, pero no el encuentro ni la participación ciudadana. Perdieron relevancia los grupos intermedios —los partidos, la Iglesia católica, los sindicatos, los medios de comunicación—, y también se debilitó la presencia del Estado.

La política, en lugar de contribuir a articular los distintos grupos de interés que iban surgiendo en el país —nuevas generaciones, exproletarios devenidos consumidores con acceso al crédito, pequeños emprendedores y grandes empresarios— se fue enfrascando en debates partisanos que veían a la población más como cliente que como protagonista. Los jóvenes que entraron en la política tras los movimientos estudiantiles del año 2011 reclamando esto, en lugar de corregirlo, soslayaron el trabajo en las comunidades confundiendo la democracia con el asambleísmo de sus grupos cerrados.

La democracia representativa está en crisis por todas partes, pero Chile es un caso extremo. La falta de legitimidad del poder estuvo en la base de todas las demandas que se repitieron durante las protestas y hoy, cuando la presencia del Estado es crucial para conducir y solventar la salida de una crisis para la que no bastan los empujes individuales, expone de manera dramática su incapacidad de convocar. Los pobres, los cesantes, las empresas y los enfermos acuden a él, sin considerarse parte suya, abogando por intereses dispersos por encima de la responsabilidad cívica. Los árboles no dejan ver el bosque.

En su primera alocución, el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, pidió ayuda. Reconoció que para salir del momento oscuro que vivimos se requerirá de la colaboración de muchos. Se comprometió a abrir transparentemente la información disponible para procesarla en conjunto con todas las instituciones dispuestas a cooperar. Los parlamentarios, que hasta hoy han participado en reyertas demasiadas veces inconscientes de la urgencia y dramatismo de la situación que vivimos, consiguieron acordar un plan económico-social para los próximos dos años. En medio de la descomposición, así sea movidos por el miedo, asoma en nuestro país una reserva de republicanismo que devuelve la esperanza.

Nos aguardan tiempos negros, con aislamientos, carencias y muerte en una escala que nadie puede adelantar. Aquí no hay competencia que valga: o todos ganamos o todos perdemos. Solo la recomposición de esa confianza comunitaria —cuyo evento central debiera ser el proceso constituyente aplazado por la peste— volverá legítimas las decisiones correctas.

Si tanto dolor sirve al menos para revalorar ese concepto de comunidad perdido, no habrá sido todo en vano.

Patricio Fernández es periodista y fundador de la revista The Clinic.

Publicado en THE NEW YORK TIMES 24 de junio de 2020

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