Diálogo Abierto

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Esta semana nuestro espacio de entrevistas tiene como protagonista a PAULINA SABALL ASTABURUAGA, asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex ministra de Vivienda y Urbanismo (2014-2018) y ex Subsecretaria de la misma cartera entre 2006 y 2010. Fue Directora del Programa Servicio País de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza entre 2010-2014; y, anteriormente, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, (2004-2006) y Subsecretaria de Bienes Nacionales, (1999-2004). En tiempos de la dictadura trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y luego, al recuperar la democracia, en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 

Entrevista de Rogelio Rodríguez M.

 

IL.- La ex presidenta Bachelet declaró,  como un lineamiento durante su mandato, “Queremos construir una ciudad y barrios más acogedores y más amables para sus habitantes”. ¿Cómo se pudo implementar esta voluntad dentro de su cartera ministerial, tomando en cuenta lo complejo que es traspasar técnicamente estos conceptos y que, además, ya existía mucho trabajo y avances en el Ministerio como el programa Quiero Mi Barrio?

PS.- Ya en su primer gobierno, la Presidenta Bachelet puso énfasis en la ciudad construida, consciente que mejorar la calidad de vida de las familias no solo requería aumentar la cantidad y mejorar la calidad de las viviendas sociales. Así, creó el Programa Quiero Mi Barrio, con el propósito de intervenir en los barrios más vulnerables poniendo especial atención en mejorar la calidad y disponibilidad del equipamiento y los espacios públicos y fortalecer la participación de la comunidad; conjuntamente con ello, creó el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, destinado a mejorar y/o ampliar viviendas y condominios sociales, haciéndose cargo así de los problemas de estándar que afectaban la vida de las familias “con techo”.

En el segundo gobierno, procuramos dar un paso más en esa dirección. Se amplió el programa Quiero Mi Barrio a comunas que no estaban incluidas en la primera versión; se agregó la posibilidad de invertir en mejorar viviendas y se fortaleció el componente intersectorial y el rol de los municipios en su gestión. El Programa de Protección del Patrimonio Familiar creció en recursos; se amplió la línea de acondicionamiento térmico de viviendas en ciudades con plan de descontaminación atmosférica; se puso especial énfasis en el mejoramiento de los condominios de vivienda social incorporando una línea de regeneración de condominios con altos niveles de deterioro, hacinamiento y vulnerabilidad.  Complementariamente a lo anterior, se desarrollaron un conjunto de iniciativas destinadas a disminuir las brechas de inequidad urbana. Así se dio paso a un ambicioso plan de inversión pública que posibilitó la construcción de 60 parques urbanos; 104 espacios públicos; 239 kms. de ciclovías de alto estándar; 1.000 kms. de calles y pasajes y 700 kilómetros de aceras y veredas.

Con todo, el compromiso no se quedó sólo en el ámbito de los subsidios y las inversiones.

A poco de asumir, la Presidenta convocó a representantes de distintos sectores para constituir el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano a quienes les solicitó que formularan propuestas destinadas a impulsar una política de suelo con propósitos de integración social y, luego, les pidió proponer un sistema de indicadores y estándares de calidad de vida urbana que permitiera medir el estado de nuestras ciudades y cimentar políticas de equidad urbana.

Algunas de las propuestas del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, derivaron en adecuaciones a programas ministeriales y otras sustentaron parte de los importantes cambios normativos que impulsamos en el período.

La agenda legislativa que logramos sacar adelante, posibilitó: recuperar la facultad de planificar y reservar suelo para urbanizar; armonizar densificación y calidad del espacio público; facilitar la urbanización de asentamientos precarios; mejorar la participación ciudadana e incorporar estándares urbanos en los instrumentos de planificación territorial; establecer incentivos urbanísticos en pro de la integración social; crear observatorios de mercado de suelo y, disminuir la especulación y recuperar plusvalías en los procesos de cambios de uso de suelo de rural a urbano. Finalmente, se dio especial importancia al trabajo intersectorial a través del Comité de ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio, integrado por 11 ministerios y presidido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En ese marco, se dictó la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial que lamentablemente el actual gobierno aún no promulga.

IL.- El Ministerio de Vivienda desarrolló el Plan Maestro de Bajos de Mena. Esto significó no solo una cartera de inversión de proyectos a uno de los sectores más vulnerables, marginados y emblemáticos de la ciudad, sino una visión sistémica de revitalización e integración urbana de ese sector al resto de la ciudad. Pasado ya un tiempo desde el lanzamiento de este Plan, ¿cómo visualiza usted el estado de avance e implementación?

PS.- El Plan Maestro de Bajos de Mena es una iniciativa destinada precisamente a revertir las profundas brechas de inequidad urbana presentes en nuestras ciudades y en particular en las áreas metropolitanas. Bajos de Mena es uno de los muchos barrios que concentran una alta cantidad de viviendas sociales; hacinamiento, deterioro, poco equipamiento, altos índices de pobreza y estigmatización.

El Plan Maestro, coordinado por la Intendencia Metropolitana, definió un conjunto de inversiones destinadas a revertir los déficit de equipamiento; aumentar los servicios; mejorar la conectividad y las condiciones de habitabilidad. La participación del ministerio de Vivienda y Urbanismo ha contemplado la ejecución de diversos programas: construcción de viviendas nuevas; mejoramiento y ampliación de las existentes; construcción de un parque; mejorar espacios públicos, etc.

Los procesos de regeneración urbana son procesos complejos, de larga duración, de alto costo y requieren altos niveles de coordinación de múltiples actores. Al igual que el Plan de Bajos de Mena, el ministerio inició planes de similar complejidad en Rancagua, Viña del Mar, Talca, Antofagasta, Quilicura, Valdivia y San Pedro de la Paz.

IL.- El Ministerio de Vivienda  y Urbanismo relevó el problema urbano que existía en Bajos de Mena, implicando a otras carteras ministeriales y a otros gobiernos. Muestra de ello fueron decisiones como la proyección del corredor de transporte exclusivo de Santa Rosa o la extensión de la Línea 4 del Metro hasta Bajos de Mena, lo que mejorará considerablemente la histórica deficiente conectividad de este sector con el resto de la ciudad. ¿A qué atribuye usted que estos proyectos de conectividad, usualmente orientados a satisfacer la demanda o a solucionar puntos de congestión y accidentabilidad, hayan optado por esta línea urbano social?

PS.- La segregación espacial es una de las grandes inequidades urbanas que afectan a los barrios más vulnerables; a la precariedad habitacional y los déficit de equipamiento se agrega la gran distancia respecto de los centros laborales, cuestión que obliga a sus habitantes a destinar parte importante de su tiempo a trasladarse y de su ingreso a pagar los servicios de transporte. De este modo la conectividad es un componente relevante en las estrategias destinadas a construir ciudades equitativas.

En el caso de nuestra región metropolitana la ampliación de la red de metro, la construcción de corredores y vías urbanas de alto estándar, las mejoras en el transporte público y la regulación del valor del pasaje son cuestiones esenciales en las estrategias de integración social.

IL.- El Misterio de Vivienda y Urbanismo históricamente ha tenido como uno de sus lineamientos la integración social. Para esto ha dispuesto de distintas políticas y herramientas a través del tiempo, tales como la planificación urbana, las ZDUC, los incentivos para la renovación urbana, la voluntad de implementar vivienda social en el centro o pericentro, entre muchos otros ejemplos (como el ya mencionado Plan Maestro de Bajos de Mena). Sin perjuicio de que estas instancias lograron diferentes grados de éxito o consolidación, ¿cuáles piensa usted que debieran ser las nuevas líneas del MINVU que apunten a lograr la integración social en la próxima década?

PS.- Creo que la desigualdad social se ha convertido en el factor más crítico de nuestro desarrollo y la mayor amenaza a nuestra estabilidad democrática. En nuestras ciudades la desigualdad social viene acompañada de segregación espacial y discriminación, cuestión que hace más grave su vivencia y más compleja su solución. En ese sentido, creo que si bien efectivamente hemos impulsado cambios con propósitos de integración social estos no han sido suficientes ni efectivos. El problema es más complejo y ya no bastan los subsidios, incentivos o inversiones sectoriales.  Este es un problema multidimensional y acuciante.

La desigualdad ya no es tolerada por muchos sectores, tal como quedó de manifiesto en las manifestaciones de octubre pasado, y se verá agravada como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID19. Revertirla requiere mucho más que la actuación de un ministerio.

El Estado subsidiario ya no es suficiente. Confío que el proceso constituyente nos lleve a concordar un proyecto de país que garantice efectivamente iguales oportunidades para todos quienes lo habiten; que propicie la integración y valore la diversidad; que profundice la democracia y descentralice la administración.

En el ámbito específico de la vivienda y el urbanismo, creo que es indispensable garantizar la función social del suelo urbano; fortalecer la capacidad de actuación del Estado en la planificación de las ciudades; diversificar las posibilidades de acceso a una vivienda adecuada, asumiendo las diversidades climáticas, etarias, culturales; ampliar las iniciativas de vivienda pública y de vivienda comunitaria; fortalecer los instrumentos de densificación predial y los programas de regeneración urbana; mejorar significativamente la cantidad y calidad de los bienes urbanos disponibles en los barrios asegurando estándares mínimos adecuados en todas las áreas de la ciudad.

Estimo indispensable descentralizar y dotar a los nuevos gobiernos regionales de competencias y recursos para desarrollar estrategias de gestión urbana con foco en equidad a partir de un diagnóstico de las brechas de inequidad existentes en su territorio; me parece imprescindible que los municipios tengan un rol más activo en los temas urbano habitacional y mayores facultades para articular alianzas público privadas que contribuyan al desarrollo equilibrado de sus comunas.

IL.- Cuando usted era Ministra de Vivienda y Urbanismo fue promulgada la Ley de Aportes a los Espacios Públicos. ¿Cómo percibe usted que será la implementación de esta Ley, tomando en cuenta que aún existe un desconocimiento técnico al respecto por parte de los Municipios, y ya se percibe una especulación del sector inmobiliario?

PS.- La Ley de Aportes al Espacio Público constituye un avance significativo para equilibrar densificación y calidad de las ciudades en tanto persigue que los desarrollos inmobiliarios mitiguen adecuadamente los impactos que generan en la movilidad local, y que los proyectos de densificación hagan un aporte en dinero destinado a financiar obras de infraestructura y espacio público que, en cada comuna y región, se habrán establecido previamente en un Plan de Inversiones de Infraestructura en movilidad y espacio público.

Las disposiciones de la Ley debían entrar en vigencia fines de este año; sin embargo, se tramita la postergación de lo relativo a mitigaciones de los impactos en movilidad aduciendo que la tardanza en la tramitación de su reglamentacion ha retrasado también la habilitación de los sistemas que para su implementación debía proveer el Ministerio de Transporte.

Resulta curioso y frustrante que el mismo ministerio que retardó sin causa la tramitación del reglamento respectivo ahora sea también el causante de la imposibilidad de implementación en el tiempo establecido. Igual situación enfrentamos con la tramitación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la metodología de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial cuyos reglamentos fueron retirados de la Contraloría por este gobierno sin reingresarlos aún; su no tramitación afectará una de las principales competencias de los nuevos gobiernos regionales. Sin duda, hay distintas formas de obstaculizar las reformas.

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