Sapere Aude  -  Rogelio Rodríguez

ATEÍSMO EN CHILE

El libro Ateos fuera del clóset, de Cristóbal Bellolio, es una instructiva  guía para familiarizarse con los planteamientos intelectuales del ateísmo contemporáneo. El mismo autor señala que estas páginas pueden considerarse como un manual de introducción al pensamiento ateo. Escrito en un estilo claro, ameno y bien documentado (matizando a ratos la exposición con anécdotas y referencias a personajes conocidos de nuestro ambiente nacional), sistematiza las respuestas escépticas de autores como Dawkins, Hitchens, Dennett, Harris, Onfray, Grayling y otras destacadas figuras de la militancia incrédula, respecto de las cuestiones grandes, complejas y urgentes que han inquietado desde siempre a los seres humanos:

¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo debemos vivir?

En efecto, estos son los problemas fundamentales que las religiones organizadas pretenden responder de manera exclusiva y excluyente con sus discursos de fe. El origen del universo y la vida  en el planeta con la creencia en un Creador sobrenatural y omnipotente. El sentido de la vida humana y su continuidad más allá de la muerte con la creencia en la Vida Eterna. Y la esencia de la moral humana --la distinción entre lo bueno y lo malo y el correspondiente comportamiento-- con la pretensión de la religión como única fuente de los valores morales.

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Columna de Opinión - Homenaje

El Laicismo: Principio indisociable de la democracia

Gonzalo Puente Ojea

Fuente: www.lainsignia.org

No me parece adecuado afirmar que el laicismo es simplemente una "praxis de la igualdad", pero que no es ni una filosofía, ni una doctrina, ni una moral social, como escribe Michel Morineau en el libroLaicidad 2000. Ciertamente, el sistema de ideas que define el laicismo no puede asimilarse a una fe ni a una ideología, -si con este vocablo se significa, en sentido marxiano, la cobertura intelectual de intereses particulares frente al interés general, pero es mucho más que una "práctica". Podría aceptarse que designa una "praxis" si ésta se entiende como en si misma inclusiva de dos dimensiones íntimamente asociadas, a saber: a) una concepción o interpretación teórica de la realidad social; b) la plasmación fáctica de esa vertiente teorética en la vida colectiva de un entorno determinado. Sin esta segunda dimensión, toda práctica social resultaría ciega, no-significativa.

Si admitimos, como luego se verá, que el laicismo es un principio indisociable de un sistema político verdaderamente democrático, resulta sorprendente que multitud de gentes, y a veces muy cultivadas, ignoren realmente su esencia y sus consecuencias. Esta ignorancia, o bien su ausencia en el sistema jurídico que debiera incorporarlo inequívocamente, revela la regresión intelectual que sufren hoy los políticos y los legisladores que a toda hora se llenan la boca -en este aspecto y en otros no menos graves- con la palabrademocracia.

El principio laicista postula, en cuanto señal y cifra de la modernidad como hito histórico irreversible del autoconocimiento y la autoliberación del ser humano, la protección de la conciencia libre del individuo y de su privacidad, desalojando radicalmente de la res publica toda pretensión de instaurar en ella un régimen normativo privilegiado en favor de cualquier fe religiosa que aspire a "institucionalizarse" en forma de ente público al servicio de alguna supuesta revelación sagrada o mandato divino.

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Columna de Opinión

La Pontificia contra el Estado

Gonzalo Herrera

Sintiéndose agraviada, la Pontificia Universidad Católica de Chile ha presentado una demanda contra el Estado por incumplir la ley que establece la entrega de Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a las universidades. Arguye el rector Sánchez  que se trata de una “normativa vigente, creada como ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer a las instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes”. Pero el rector omite señalar que la decisión de no entregar recursos para el AFI fue sancionada por el Congreso, con una amplia mayoría integrada por parlamentarios de todos los sectores, durante la pasada tramitación de la Ley de Presupuestos.

Habiéndose instituido durante la dictadura, el D.F.L. N° 4 de 1981 que estableció este financiamiento, tenía como objetivo aumentar la calidad de la educación en la lógica de mercado del modelo económico impuesto: la competencia entre las instituciones y su capacidad para captar a los mejores alumnos que postularan al nivel superior. De esa manera, subvencionaba aranceles a través de un aporte monetario —en 2015, último año que operó a plenitud, canalizó alrededor de $ 25.000 millones— de acuerdo al número de matrículas que las instituciones lograran entre los 27.500 mejores puntajes en la PSU. El monto anual era asignado por la Ley de Presupuestos del Sector Público,  que  fue la que redujo este aporte a la mitad para el 2016 (destinando el otro 50% a financiar gratuidad y becas), eliminándolo en forma total para el presente año.

En las propias palabras del rector está la razón de por qué el Gobierno haya decidido quitar el AFI. El “fortalecimiento de las instituciones con alto desempeño”, en conceptos de Sánchez, ha sido posible a través de un flujo ascendente de recursos públicos a las universidades privadas, transformándolo en un instrumento regresivo al favorecer inequitativamente a los planteles que acogen a los alumnos de familias con mayores recursos del país. Es historia sabida que al amparo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), publicada al inicio del periodo post dictadura, en marzo de 1990, y derogada recién en 2009, surgieron poderosas empresas en torno a la educación, las que constitucionalmente podían aceptar la participación de sociedades de inversionistas, lo que hizo del lucro su objetivo central.

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Columna de Opinión

Religión, política y conservadurismo en República Dominicana

Rubén Moreta

 

La religión es una actividad privada, libre y particular de los ciudadanos, pero en República Dominicana desde el litoral religioso-católico se pretende dirigir la sociedad. Los hombres de sotana han asumido un rol político que no le está conferido. Se han arrogado responsabilidades divorciadas de su cometido, sin que el liderazgo político haya impuesto una línea roja, que los retorne exclusivamente al templo.

La comunidad protestante o evangélica, generalmente marginada del mecenazgo estatal, se ha ido compactando y hoy constituye una red social activa de cientos de miles de seguidores. Sus líderes ya consiguen gran despliegue en los medios de comunicación –periódicos, radio y televisión-, desde donde dictan recetas de como conducir la vida nacional. Lógicamente, también pretenden imponer su agenda conservadora.

Tanto católicos como evangélicos ignoran que el diseño y aplicación de políticas públicas corresponde a los gobiernos. El pueblo soberanamente escoge a sus gobernantes para que sean quienes encausen y lideren la acción pública. La tarea de la iglesia debe quedarse en el ámbito estrictamente espiritual y privado.

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