Objeción de Conciencia, Instituciones Religiosas y Fondos Públicos

Juan Hauva Gröne

Dr. Juan José Hauva Gröne

El próximo martes 18 de julio culminará la tramitación del proyecto ley que despenaliza el aborto en tres causales (inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación) hasta el total despacho.

En el intertanto, continua en el tapete el problema de la “objeción de conciencia”, es decir, la libertad de negarse a realizar procedimientos que no sean aprobados por una moral personal o creencias religiosas.

En este proyecto de ley, la capacidad de negarse se otorga a quien realiza el procedimiento, el médico. Algunas instituciones gremiales como el Colegio Médico requirieron que fuera ampliado al resto del equipo de salud, situación que ya fue modificada incluyendo al personal no médico que participaría en el pabellón.

Lo preocupante es que también instituciones de salud dependientes de la Pontificia Universidad Católica (PUC) solicitaron que se ampliara aún más esta capacidad de objetar por conciencia hasta involucrar a instituciones, las que obviamente no tienen la cualidad humana de la conciencia y el libre albedrío, pero poseen un marco doctrinario muy definido y en el caso de la PUC, ligado directamente al Vaticano. Esta discusión se llevaría al senado en pleno.

Todo esto es solicitado invocando la libertad de conciencia y la libertad de ejercicio de credo, pero ante la pregunta acerca si ¿una institución con un marco doctrinario bien definido puede objetar alguna política de estado invocando conflictos éticos y religiosos? por supuesto que lo puede hacer; puede decidir incluso que procedimientos practicar en sus centros de salud, pero siempre dentro del ámbito privado de la acción sus feligreses pues esta negativa institucional no puede imponer al resto de la ciudadanía no católica y menos aún si se recibe fondos públicos.

La posibilidad que el Hospital Clínico de la Universidad Católica continúe recibiendo subvención estatal y pueda negarse a practicar una política de salud del estado por creencias religiosas es un atentado contra los principios de Equidad y Justicia. Estamos hablando de políticas estatales de salud y de la administración de fondos públicos que deben involucrar a todxs lxs ciudadanxs, practiquen o no algún credo religioso.

Es de esperar que la votación del senado en pleno este 18/07 refleje el sentir de la ciudadanía y no el de una religión.

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