columna de opinion

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La levedad del “arrepentimiento” de los obispos
(o el permanente sometimiento de los políticos chilenos a las imposiciones doctrinarias de la Iglesia)

 Por Gonzalo Herrera

Hace algunas horas, el diputado por la provincia de Cautín, René Saffirio, escribió en twitter: “Obispo Temuco (Héctor Vargas, Nota del articulista) me llamó para increparme por mi proyecto que elimina privilegios procesales autoridades eclesiásticas. Fuera de sí y lenguaje grosero pedía explicaciones. No toleraré presiones en mi tarea legislativa. Perdón por abusos fue para TV y continuarán”

No es inusitada la indignación de algunos obispos ante proyectos que intenten restringir, aun cuando sea mínimamente, las pretensiones totalizantes de la Iglesia Católica sobre las leyes que confecciona el Estado chileno. Aquello de “separación de la Iglesia y el Estado”, erróneamente asignado al artículo 10 de la Constitución de 1925, nunca fue expresado en esos términos, y mucho menos se lo creyó el clero católico. Ya el Arzobispo de la época, Crescente Errázuriz, lo dijo sin tapujos: “la Iglesia nunca abandonará el Estado”, y con esto no estaba comprometiendo un sostén espiritual, sino una manifestación de que el campo de acción que al catolicismo le es más propio es el de la política. Y la proximidad del poder, como lo ha sido desde Constantino I en el año 315.

Cualquier persona que conozca las vicisitudes del órgano legislativo sabrá de la enorme presión que la jerarquía eclesiástica ejerce de manera permanente hacia los parlamentarios, especialmente sobre aquellos que se manifiestan creyentes. Esto ocurrió asiduamente en los años recientes, en relación a la reforma educacional —el cardenal Ezzati fue el adalid contra la gratuidad—, al matrimonio igualitario, al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, así como a muchas otras iniciativas. De manera que, hasta hace un mes atrás, el exabrupto del obispo Vargas no habría constituido nada fuera de lo habitual. “¿A qué obedece esta insensatez de eliminar los privilegios que gozan las autoridades eclesiásticas en el Código de Procedimiento Civil? ¿Es que este diputado pretende hacer comparecer a un párroco, incluso a un arzobispo ante un tribunal, exponerlos al escarnio público?”

Aunque pecando de arrogancia, defendiendo un trato desigual impropio, el argumento se habría sostenido en la bajísima probabilidad de que algo así ocurriera, en que la prerrogativa se sustentaba en la tradición de santidad de la mayoría de los hombres y mujeres consagrados al servicio espiritual de la Iglesia. Pero esto mismo proferido a pocas horas de llegar de Roma, con la cartilla del Papa todavía bajo el brazo, en la que se habla de “delitos investigados a destiempo”, de “destrucción de documentos comprometidos” y de “presiones sobre los que debían llevar adelante las investigaciones”, de “obispos que habrían confiado instituciones educativas a sacerdotes sospechosos de homosexualidad activa”, de “gravísimas negligencias en la protección de los niños/as y de los niños/as vulnerables por parte de los Obispos y Superiores religiosos”, simplemente deja al descubierto la inconmensurable hipocresía de estas personas, que lejos de sentirse avergonzados y dolidos como lo han repetido frente a las cámaras una y otra vez, en medio de la consternación de todo un país por el daño infligido a víctimas inocentes, se vuelven furiosos aferrándose a privilegios otorgados por un Código próximo a cumplir 116 años.

El argumento de “no haberme enterado” esgrimido por los obispos chilenos cuando se enrareció el aire después de la fracasada visita de Francisco, ha dejado al desnudo también su falacia con el escándalo hecho público en los últimos días, en que el país tuvo que conocer los detalles de una repugnante organización de curas autodenominado La Familia, que compartía métodos y recursos para aprovecharse sexualmente de niños y jóvenes modestos de zonas semirurales. El obispo de la diócesis, Alejandro Goic, se ha parapetado en el mismo razonamiento, de que había escuchado “rumores” sin que le presentaran pruebas. Algo que ha quedado desmentido por una exmiembro de la pastoral juvenil, que  señaló haber entregado antecedentes hace ya un año y medio.

Después de los aberrantes delitos conocidos, los que lamentablemente podrían ser sólo la punta del iceberg, será difícil que prospere cualquier intento por evitar que los curas y religiosos(as) pederastas sean procesados por la justicia ordinaria, y no entregados a una justicia canónica en la que ya nadie confía. Es un momento oportuno también para que la propuesta legislativa del diputado Saffirio concierte un amplio apoyo, no sólo entre sus pares, también en la ciudadanía. De igual modo, sería importante que la Iglesia bajara la arrogancia de sus declaraciones y redujera su presión sobre los legisladores, cuando los organismos representativos del pueblo soberano cumplen su mandato en la confección de leyes. Sería un pequeño pero significativo paso hacia una mayor laicidad del Estado. Una flor de loto nacida en medio del lodo.